REPRESIÓN HOMICIDA DEL GOBIERNO EN TOTONICPÁN.
4 fallecidos, 18 heridos, varios intoxicados provocan Ejército y PNC en Aldea Pasajok en manifestación pacífica. Sociedad Civil exige a MP iniciar proceso penal contra autoridades responsables.
Por Christian Echeverría. Viernes 5 de octubre de 2012. CIUDAD DE GUATEMALA. 12.35am
Ayer jueves 4 de octubre de 2012, la Junta Directiva de 48 Cantones Mayas-Kichés de Totonicapán demandaban cesar especulación de empresas al costo de combustibles y energía eléctrica por las empresas ENERGUATE, DEOCSA y el INDE, apoyaban a normalistas en su rechazo a reforma magisterial y expresaban su oposición a reformas constitucionales impulsadas por Pérez Molina, mientras sus representantes esperaban ser recibidos la mañana de ayer por el ex kaibil y ex jefe del Estado Mayor Presidencial en Casa Presidencial de Guatemala, en diálogo bilateral para atender sus demandas, a lo cual el ejecutivo sólo respondió enviando a un vocero sin recibirles.
Medios independientes indican, que tres de las vaias víctimas mortales durante los actos de represión de las fuerzas de seguridad para dispersar la toma pacífica de la carretera en la localidad de Cuatro Caminos, eran padres de familia de comunidades educativas locales que se manifestaban contra la reforma a la carrera magisterial impuesta por el MINEDUC. En la manifestación había además estudiantes y campesinos. Defensa del Territorio Adh, reporta que el Ejército y la PNC hicieron uso de armas de fuego contra la población, hecho que no está informando plenamente por los medios de comunicación grandes corporativos nacionales afines al gobierno y a las empresas.
Según su cuenta de Facebook, el diputado maya Amilcar Pop y el de Totonicapán Moisés González, están apostados afuera de casa Presidencial, demandando el fin de la represión y los homicidios con la población Maya por parte del Estado.
Ante esto, las autoridades a través de los medios de comunicación corporativos nacionales han justificado los hechos de violencia e insisten en criminalizar a los pobladores mayas y señalarles como entes manipulados, haciendo invisibles las deducciones de responsabilidades correspondientes ante la represión homicida que la costó la vida a cuatro pobladores, mientras por el caso Barillas y San Rafael Las Flores, el gobierno mantienen a varios líderes como presos políticos.
Numerosas organizaciones de la Sociedad Civil nacionales, han condenado t rechazado los hechos de represión homicida por parte del gobierno y demandan ante la opinión pública nacional e internacional, que el MP inicie el proceso penal contra autoridades responsables al igual que una investigación de la PDH, al gobierno dar toda la información requerida por el MP y la PDH, al presidente Pérez la inmediata desmilitarización de la zona y el retiro de las fuerzas de seguridad, al Congreso de la República, la derogatoria del decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y que se retome el carácter de ley que tienen los acuerdos de paz, en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática –AFPC, y llaman a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen estas prácticas autoritarias y que se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica mientras expresan su solidaridad con las familias de las víctimas, la Junta Directiva de los 48 Cantones y la comunidad Kiché de Pasajok.
Según el Centro de Medios Independientes, se anuncia que el pueblo maya mam y kiche de Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, en el marco del Consejo de los Pueblos de Occidente, continuarán movilizándose hasta lograr el cese de estas medidas represivas. Varias personas han denunciado que medios de comunicación como Radio Sonora o Emisoras Unidas esconden y targiverzan información para guardar la imagen del gobierno.
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