Protestantes piden la renuncia de los ministros de gobernación y defensa

Más de 600 personas exigieron el viernes, frente a la Casa Presidencial, la renuncia de los ministros de gobernación y defensa Mauricio López Bonilla y Ulises Anzueto, por la matanza el jueves cuatro de octubre de campesinos que bloqueaban el kilómetro 170 de la carretera interamericana a manos de un escuadrón militar. Las cifras de víctimas ha variado, en los últimos días, de cuatro a ocho. El CUC (Comité de Unidad Campesina) habla de ocho muertos mientras que las autoridades reconocen seis. Además, se reporta más de una treintena de heridos con balas.
Álvaro Montenegro
"Ellos han estado diciendo que salieron a protestar en paz, pero violar el derecho de la libre locomoción de otras personas no es manifestar en paz, quemar camiones no es manifestar en paz", dijo el mandatario.
Según el abogado Jorge Santos, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas establece que el uso de elementos del ejército en manifestaciones públicas es considerado un acto de tortura, aunque en ninguno de los artículos se expresa textualmente tal cosa.

Con ataúdes simbolizando a las muertes, los líderes de diversos movimientos de grupos sociales solicitaron que renuncie Mauricio López Bonilla y Ulises Anzueto. "El mensaje es traerle (al Presidente) los muertos que está provocando. El pueblo de Totonicapán pide que se vaya el ministro de gobernación", dijo Paula del Cid, del periódico feminista La Cuerda, quien anunció que el domingo a las cuatro de la tarde habrá otro plantón frente a la Casa Presidencial.

Jorge Santos, abogado del Centro internacional para investigaciones en Derechos Humanos, argumentó que es viable la destitución de ambos ministros porque "hubo condiciones para entablar un diálogo antes de que se llegara a los lamentables hechos. Por eso, hay una responsabilidad directa del presidente, y ministros de gobernación y defensa."

Añadió que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas establece que el uso de elementos del ejército en manifestaciones públicas puede ser considerado un acto de tortura. En el documento, en realidad, nunca se menciona textualmente esta situación. En el artículo 1 de la Convención contra la Tortura se lee:

"A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas."

Durante la concentración, Daniel Pascual, del CUC, dijo que "en cualquier país del mundo democrático, cuando las fuerzas de seguridad provocan muertes, la única forma de dignificarse es sustituyendo a los funcionarios responsables".

Del Cid recordó los temas que venían a tratar los delegados de los 48 cantones de Totonicapán el día del conflicto: el rechazo a las reformas constitucionales, la reforma educativa y el alza de la energía eléctrica en Occidente.

Participaron en el plantón el movimiento de mujeres feministas, algunos sindicatos, estudiantes de institutos y de varias universidades. La iniciativa se empezó a mover desde las 9 de la mañana a través de las redes sociales.

Del Cid mencionó que no es la primera vez que suceden hechos similares. Mencionó a San Rafael Las Flores, San Juan Sacatepéquez, Santa Cruz Barillas, el Polochic, donde también las fuerzas de seguridad han reprimido manifestaciones campesinas dejando muertos. Según ella, en la población "hay mucho cansancio".

¿Disparos al aire?

Sin embargo, Otto Pérez Molina dijo que el incidente no fue provocado por las fuerzas del gobierno sino porque se bloquearon las carreteras por más de ocho horas. En un principio dijo que el contingente para disuadir el bloqueo no portaba armas, pero luego rectificó diciendo que habían disparado al aire, porque se vieron amenazados.

"Ellos han estado diciendo que salieron a protestar en paz, pero violar el derecho de la libre locomoción de otras personas no es manifestar en paz, quemar camiones no es manifestar en paz", dijo el mandatario.

El ministro de la defensa disculpó el actuar de los soldados "porque resultaron lesionados tres oficiales, dos mujeres y 17 elementos de seguridad ciudadana". Dijo que siete de los soldados aceptaron haber disparado pero "si ellos tuviesen algún temor de haber cometido alguna ilegalidad anduvieran huyendo como el guardia de seguridad."

Según las autoridades, el conflicto inició cuando los manifestantes atacaron un camión de cemento y el guardia de seguridad inició los disparos por defenderse.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, llamó al diálogo. En conferencia de prensa, a la par del Presidente y de varios soldados heridos, dijo que "hay problemas de fondo, no se debe a un bloqueo, son cuestiones que atañen a muchos municipios y no se van a solucionar con movilizar o desmovilizar la fuerza pública, hay que sentarse en la mesa y le vamos a dar acompañamiento".

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